En toda Cuba, la oscuridad se ha convertido en una realidad cotidiana. Los hospitales racionan la energía y los alimentos se echan a perder antes de llegar a las familias. Sin electricidad, las bombas de agua no pueden funcionar ni se pueden refrigerar los alimentos, lo que deja a los residentes luchando por conseguir lo más básico. En toda la isla, la gente improvisa para sobrevivir ante una crisis cada vez más grave.

A menudo se describe esto como un «colapso económico», pero ese enfoque oculta la causa real. Es el resultado predecible —y deliberado— de una política de guerra económica que desde hace décadas es liderada por Estados Unidos y que ahora se ha acelerado a un nuevo nivel de agresión.

Un asedio energético

A principios de enero de 2026, tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la administración Trump tomó medidas para cortar el suministro de petróleo subvencionado de Venezuela a Cuba, un salvavidas que había sostenido la economía de la isla durante más de dos décadas. Semanas más tarde, el 29 de enero, el presidente Donald Trump anunció un bloqueo petrolero total contra Cuba, amenazando con aranceles elevados contra cualquier país que exportara petróleo a la isla.

Las importaciones de petróleo de Cuba cayeron un 35 % en los primeros diez meses de 2025 respecto al año anterior. Para enero de 2026, las importaciones de petróleo se redujeron a cero. Las consecuencias se multiplicaron de inmediato. Como era de esperar, las medidas provocaron una grave escasez de combustible, lo que condujo a cortes de energía generalizados e interrupciones en servicios esenciales, incluyendo el suministro de combustible para hospitales y la recolección de basura, así como la suspensión de vuelos internacionales y el cierre del transporte público.

La estrategia de “máxima presión” de Trump—moldeada en gran medida por el secretario de Estado Marco Rubio—se ha ido gestando desde el primer mandato de Trump, cuando Rubio ayudó a restringir la capacidad de los estadounidenses para viajar y enviar dinero a la isla, cortó el acceso de Cuba a las finanzas internacionales y aplicó docenas de sanciones adicionales, desde contratos hoteleros y líneas de cruceros hasta la banca y las inversiones. Ahora, en el segundo mandato de Trump, esa estrategia se ha acelerado a toda marcha.

El 29 de enero de 2026 se firmó la Orden Ejecutiva 14380, que decreta una emergencia nacional y autoriza la imposición de aranceles adicionales a las importaciones de países que suministren petróleo a Cuba, ya sea directa o indirectamente. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba acusó a Estados Unidos de recurrir al “chantaje y la coacción para tratar de obligar a otros países a sumarse a su política de bloqueo contra Cuba, universalmente condenada”.

Fabricando la escasez

Para comprender la crisis actual de Cuba, hay que seguir la reacción en cadena desencadenada por las sanciones. Sin combustible no hay electricidad. Sin electricidad no hay refrigeración. Sin refrigeración hay escasez de alimentos. Sin transporte, las estanterías están vacías.

Según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el bloqueo y la consiguiente escasez de combustible han amenazado el suministro de alimentos en Cuba e interrumpido los sistemas de agua potable y los hospitales del país. La falta de combustible también ha obstaculizado los esfuerzos de ayuda del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

Los hospitales están utilizando generadores de emergencia, pero estos dependen del escaso suministro de diésel, lo que deja a los pacientes en riesgo durante los cortes de energía prolongados. La industria turística, una de las principales fuentes de ingresos de Cuba, ha sufrido un duro golpe, ya que los hoteles y restaurantes intentan mantener sus servicios en medio de los apagones continuos. La inseguridad energética agrava las desigualdades y afecta de manera desproporcionada a las comunidades de bajos ingresos y rurales, que a menudo carecen de recursos para generadores de respaldo.

Guerra económica a plena vista

La cobertura de los principales medios de comunicación en Estados Unidos suele presentar la situación de Cuba como un fracaso de su modelo económico. Esta narrativa es políticamente conveniente. Sí, Cuba enfrenta desafíos internos como el envejecimiento de la infraestructura, años de falta de inversión y el colapso del sistema de apoyo de la era soviética. Pero ningún país puede ser evaluado seriamente mientras se encuentra bajo uno de los regímenes de sanciones más largos y exhaustivos de la historia moderna.

Desde 1960, el bloqueo le ha costado a Cuba, según estimaciones, más de 150 000 millones de dólares. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo ante la Asamblea General de la ONU que entre marzo de 2024 y febrero de 2025 el bloqueo causó daños por 7.500 millones de dólares, un impacto equivalente al PIB total de al menos 30 países representados en la organización internacional.

El nuevo bloqueo petrolero deja claro lo que la política estadounidense ha negado durante mucho tiempo: que la guerra económica contra Cuba tiene como objetivo a la población civil en nombre del “cambio de régimen”. Tras décadas de eufemismos, Washington está adoptando abiertamente la guerra económica contra la población civil de Cuba.

En el derecho internacional, “castigo colectivo” significa imponer sanciones a toda una población civil por acciones cometidas por otros. Esta práctica está prohibida por el Convenio IV de Ginebra de 1949. Pierre-Emmanuel Dupont, experto en derecho de sanciones y asesor jurídico oficial del relator especial de la ONU sobre sanciones, dijo que el bloqueo constituye un castigo colectivo “en la medida en que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos cubanos, independientemente de su relación con el gobierno o el régimen”.

Otros expertos de la ONU también subrayaron: “Sin la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la orden ejecutiva carece de fundamento en materia de seguridad colectiva y constituye un acto unilateral incompatible con el derecho internacional. No existe ningún derecho en virtud del derecho internacional para imponer sanciones económicas a terceros Estados por participar en el comercio legítimo con otro país soberano”.

La intención histórica de esta política nunca se ocultó. En 1960, el entonces subsecretario adjunto de Estado, Lester Mallory, lo dejó claro: el gobierno de EE.UU. debía negar “dinero y suministros a Cuba para reducir los salarios monetarios y reales, provocar hambre y desesperación y derrocar al gobierno”. Esa lógica nunca se ha abandonado, solo se ha actualizado.

Del bloqueo a la solidaridad

Cada año desde 1992, la Asamblea General de la ONU ha votado por abrumadora mayoría para condenar el bloqueo a Cuba por ser contrario al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. Cuando la Asamblea General celebró su votación más reciente en octubre de 2025, 165 de los 193 Estados miembros votaron a favor de poner fin al bloqueo. Entre ellos se encontraban algunas de las naciones más pobladas del mundo —Brasil, China, Nigeria, India, Indonesia y Pakistán—, que representan aproximadamente el 92 % de la población mundial. El veredicto de la comunidad internacional es claro y coherente. La respuesta de Washington ha sido intensificar la aplicación de las medidas en lugar de reflexionar.

No hay nada inevitable en esta crisis. Es el resultado de decisiones políticas tomadas en Washington y puede, y debe, revertirse mediante decisiones políticas tomadas también allí.

Poner fin al bloqueo no resolvería todos los desafíos de Cuba de la noche a la mañana. Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba ha señalado que suspender el embargo durante solo cinco días evitaría una pérdida financiera de aproximadamente 100 millones de dólares. Suspenderlo durante 12 días cubriría todo el presupuesto anual de mantenimiento del sistema eléctrico de la isla.

Para quienes están comprometidos con la justicia global, la postura debería ser clara: solidaridad, cooperación y respeto a la soberanía. Las sanciones siempre golpean primero y con mayor dureza a los más vulnerables, y sin embargo, estas mismas personas suelen ser borradas de los discursos que se utilizan para justificar la política.

Cuba no se está derrumbando. Está siendo estrangulada de manera deliberada y sistemática, con pleno conocimiento del costo humano. El mundo ha emitido su veredicto, año tras año, en las Naciones Unidas. Ahora es el momento de que los movimientos, las organizaciones y las personas de conciencia sumen sus voces: levanten el bloqueo, pongan fin al asedio y dejen respirar a Cuba.