La frontera entre Estados Unidos y México es el mayor corredor migratorio del mundo. A lo largo de la historia, las personas se han desplazado constantemente en el continente americano. Sin embargo, la actual «crisis migratoria» refleja una disparidad significativa entre la estabilidad de Estados Unidos y las múltiples crisis que asolan el Caribe, México y América Central y del Sur.
Estados Unidos desempeña un papel central en la creación de muchas de estas condiciones a través de su política exterior. Intervenciones pasadas moldearon esta crisis, desde la Guerra Fría (cuando Estados Unidos apoyó regímenes dictatoriales en la región) hasta la llamada Guerra contra las Drogas (que ha militarizado las sociedades latinoamericanas y exacerbado la violencia). Los conflictos actuales, como la crisis de Venezuela, se ven alimentados por sanciones económicas que no hacen sino agravar las condiciones de vida de los más vulnerables. Además, la crisis migratoria no puede separarse del tráfico de estupefacientes y armas, sectores de los que se benefician las grandes corporaciones y las élites políticas.
En la actualidad, se calcula que 11 millones de personas migrantes no autorizadas viven en Estados Unidos. El año pasado, la frontera registró el mayor número de llegadas en dos décadas y, por primera vez, la migración de otras partes de América Latina y de diversas regiones del mundo superó en número a la proveniente de México y Centroamérica. Muchas personas viajan en familia, enfrentándose a rutas peligrosas, como el Tapón del Darién entre Colombia y Panamá, por donde cruzaron más de medio millón de personas sólo en 2023.
La guerra contra la migración
La frontera entre México y Estados Unidos se considera una de las más peligrosas para las personas migrantes. La respuesta del gobierno estadounidense a esta crisis se centra en militarizar la frontera y criminalizar a la migración, ignorando sus verdaderas causas. Las políticas de disuasión no sólo han aumentado los costos de migrar, sino que también han fortalecido al crimen organizado en la región, creando las condiciones para las redes de secuestro y extorsión que explotan a las personas migrantes con la complicidad de las autoridades locales.
El impacto de la estrategia de disuasión estadounidense sobre el negocio de la migración irregular y la seguridad de quienes migran es evidente, como han demostrado sendas investigaciones. La naturaleza del tráfico cambió y los costos aumentaron considerablemente. Las redes de «coyotes» comunitarias solían prestar un valioso servicio, a menudo en la persona de los propios migrantes y sus familias, durante varias generaciones. Sin embargo, a medida que se intensificaron los riesgos, también aumentó la demanda de redes especializadas que operasen en zonas remotas. La necesidad de infraestructuras también exige que nuevos socios compartan los gastos correspondientes. Esto fue especialmente evidente a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México -la parte más peligrosa del viaje-, donde las redes de contrabando empezaron a cobrar tasas por ayudar a cruzar. Con el tiempo, las organizaciones delictivas más grandes empezaron a imponer tarifas por el paso a través de sus territorios.
En consecuencia, el control del tráfico de migrantes ha caído en manos de cárteles y organizaciones delictivas. La precariedad en campamentos y albergues en ciudades fronterizas mexicanas como Tijuana, Matamoros y Nuevo Laredo es un fenómeno originado por las políticas migratorias racistas de EE.UU. En estados fronterizos como Tamaulipas, las personas migrantes son secuestradas y sus familias extorsionadas por redes criminales que operan con impunidad.
El fenómeno del secuestro de migrantes se ha agravado con la implementación entre 2019 y 2022 de la política de «Permanecer en México», las expulsiones por Título 42 (2020-2023) y la prohibición de tránsito para solicitantes de asilo vigente desde 2023, las cuales han obligado a las personas solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras sus casos son procesados en tribunales estadounidenses. Estas políticas exponen a las personas migrantes a meses de vulnerabilidad en peligrosas ciudades fronterizas. Los cárteles y otros grupos delictivos se aprovechan de esta situación, secuestrando a migrantes (sobre todo a quienes tienen familiares en Estados Unidos) y exigiendo rescates que oscilan entre 1.000 y 10.000 dólares por persona. Las personas que no pueden pagar se enfrentan a formas extremas de explotación, incluidos los trabajos forzados y la esclavitud sexual.
Así pues, la política migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México puede entenderse no sólo como un reto humanitario, sino como una crisis de seguridad alimentada por las políticas neocoloniales de Estados Unidos. Las actuales políticas migratorias no hacen sino reforzar el poder del crimen organizado (del mismo modo que lo hicieron las políticas antidroga en las últimas décadas) y de las corporaciones multinacionales, que se benefician de la explotación de las personas migrantes.
Aunque Biden prometió durante su primera campaña presidencial revertir las políticas migratorias restrictivas de Trump, la postura de su administración ha sido en la práctica la misma. Como presidente, Biden ha tomado duras medidas contra los cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México. En septiembre su administración endureció la entrada sin visado en el país bloqueando permanentemente la mayoría de las solicitudes de asilo. Este año, el número de solicitudes ha caído a su punto más bajo.
El Partido Demócrata ha adoptado un enfoque más duro en materia de inmigración con la candidatura de Kamala Harris. La preocupación de los votantes por la frontera sur se ha convertido en uno de los temas principales de este ciclo electoral. Durante la campaña, apenas se ha hablado de revertir las políticas de Trump y solo se han hecho vagas promesas de ampliar las vías legales hacia la ciudadanía. Ni los derechos de los 11 millones de inmigrantes indocumentados ni los de los Dreamers -que llevan años luchando por un estatus legal- han sido abordados.
Por otro lado, los republicanos han intensificado su discurso xenófobo, culpando a los migrantes de «robar» empleos y recursos, todo ello mientras promueven políticas de deportación masiva. Si es reelegido, Trump ha prometido deportar a 20 millones de inmigrantes, muchos de ellos trabajadores y trabajadoras que realizan tareas que la mayoría de los estadounidenses no quieren.
Las personas migrantes también son instrumentalizadas por las administraciones republicanas en los estados fronterizos, a menudo utilizados como herramientas políticas para promover sus agendas. Estas administraciones suelen explotar a los y las migrantes para promover políticas de inmigración más estrictas, presentándolos como una amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad económica. En algunos casos, se somete a las personas migrantes a tratos inhumanos, como el traslado de un estado a otro o la detención en instalaciones superpobladas, para crear relatos sensacionalistas que alimenten el sentimiento antiinmigrante entre sus bases políticas. Esta manipulación no sólo deshumaniza a las personas migrantes, sino que también desvía la atención de los problemas sistémicos que impulsan la migración.
Sin embargo, hay diferencias entre Biden y Trump. La Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, adoptada en 2022, es un acuerdo que compromete a 22 países a abordar las causas profundas de la migración irregular, combatir la trata de seres humanos y mejorar la protección de las personas migrantes más vulnerables. Sin embargo, esta política carece de los recursos necesarios. Mientras vastas sumas de ayuda se destinan a los ejércitos de Ucrania e Israel, la estrategia de Biden para Centroamérica, liderada por Kamala Harris, cuenta con sólo 4.000 millones de dólares en cuatro años, una cantidad claramente insuficiente para abordar las complejidades de esta crisis.
La inmigración es un motor de la economía estadounidense
Es fundamental entender que la inmigración está lejos de ser una amenaza para el futuro de EE.UU.; más bien, es un activo vital para la economía estadounidense. Los y las inmigrantes aportan 7 billones de dólares al PIB y generarán 1 billón adicional en ingresos públicos durante la próxima década. La afluencia masiva de inmigrantes ha ampliado la mano de obra de Estados Unidos, resolviendo la escasez de mano de obra a la que se enfrentan muchas empresas. Las investigaciones sugieren que las deportaciones, especialmente a gran escala, podrían ser contraproducentes para los y las trabajadores estadounidenses. En 2023, investigadores estimaron que por cada millón de trabajadores no autorizados deportados, 88.000 trabajadores nativos perderían su empleo. Cuando las empresas pierden mano de obra, concluye la investigación, encuentran formas de utilizar menos mano de obra y no de sustituir a los trabajadores perdidos.
Las personas migrantes no autorizadas están sobrerrepresentadas en los sectores de la agricultura, mantenimiento, construcción, textil, servicios y procesamiento de alimentos. Muchas trabajan en fábricas, restaurantes, almacenes y hoteles o de forma independiente en la venta ambulante o a través de plataformas digitales de envío y transporte, donde son explotadas sistemáticamente debido a su situación irregular. Aunque tanto nativos como inmigrantes legales participan en empleos informales, inmigrantes sin documentos representan la mayoría de los y las trabajadores en el sector informal de la economía.
A pesar de pagar miles de millones en impuestos (el Servicio de Impuestos Internos o IRS no comprueba el estatus migratorio), carecen de acceso a la mayoría de los servicios sociales. Legalizar a las personas migrantes indocumentadas no sólo crearía más puestos de trabajo, sino que también aumentaría los ingresos fiscales y aliviaría la presión sobre la masa trabajadora estadounidense al formalizar sus contribuciones económicas.
Esta creciente economía informal en Estados Unidos está creando nuevas dinámicas de explotación laboral. Los y las trabajadores del sector informal se enfrentan a altos niveles de pobreza y bajos salarios, y las mujeres representan una proporción desmesurada de esta mano de obra. Los salarios en el sector informal son generalmente más bajos y con menos oportunidades de mejora, lo que hace más difícil salir de la pobreza. Estas desigualdades no incluyen las prestaciones laborales adicionales del empleo formal, como la asistencia sanitaria y las contribuciones para la jubilación.
Las mujeres indocumentadas, en particular, son las más afectadas por múltiples crisis. Trabajan en empleos de la economía informal y realizan la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado que mantiene a flote a sus comunidades, pero se enfrentan a enormes barreras para acceder a un empleo formal. Cuando encuentran un empleo formal, suele ser precario y mal pagado. Su condición de inmigrantes limita aún más su acceso a los servicios sociales, excluyéndolas a ellas y a sus familias de la mayoría de las formas de asistencia. Incluso en el caso de las mujeres con documentos que les permiten trabajar (es decir, inmigrantes bajo un Estatus de Protección Temporal), la falta de acceso a servicios de cuidado infantil las obliga a recurrir a actividades como la venta ambulante (que les permite llevar a sus hijos consigo) como única opción laboral.
Aunque Estados Unidos ha dependido históricamente de la mano de obra inmigrante, la actual dependencia en el trabajo de personas migrantes no autorizadas no tiene precedentes. A diferencia de la inmigración europea de principios del siglo XX, a la que se le permitió obtener la ciudadanía, las personas inmigrantes de hoy se enfrentan a un sistema que las excluye sistemáticamente y las condena a una vida de explotación, sin opciones de regularización. La naturalización ya no forma parte del trato. El trabajo precario en la economía informal contemporánea no sirve como iniciación a la clase media trabajadora estadounidense. Es probable que la actual oleada de inmigrantes no autorizados que trabajan en la economía informal permanezcan allí mientras se les necesite.
Las comunidades organizadas defienden a los inmigrantes
Sin embargo, existen numerosos grupos y organizaciones en Estados Unidos que, desde redes de base o institucionales, trabajan para apoyar a la población inmigrante.
La primera red de apoyo está formada por los propios inmigrantes y sus familias. Estas redes, conectadas gracias a las redes sociales y los servicios de mensajería digital, permiten intercambiar opciones de alojamiento y trabajo y dar respuesta a las necesidades más urgentes. Hoy en día, en Nueva York, es muy habitual ver en las calles, en su mayoría, a mujeres vendiendo alimentos variados a la salida de obras o estaciones de metro. Lo que a primera vista parece un caso de venta ambulante individual forma parte de una extensa red de migrantes que producen y distribuyen alimentos en un negocio bien organizado.
Las organizaciones de migrantes suelen prestar un apoyo esencial en forma de ayuda mutua. Sus principales objetivos son identificar las necesidades urgentes de las familias, especialmente las monoparentales, crear redes para movilizar recursos y proporcionar ayuda económica directa. Estas organizaciones, a menudo dirigidas por mujeres inmigrantes, trabajan incansablemente para lograr que se reconozcan las aportaciones que la población inmigrante hace a la sociedad estadounidense.
Por último, las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos prestan desde servicios de apoyo logístico y jurídico hasta campañas en favor de la regularización laboral y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.
A lo largo de los años, la Fundación Rosa Luxemburg se ha comprometido activamente con los derechos de los migrantes y refugiados, abogando por un trato justo, protecciones legales y apoyo económico para las comunidades migrantes a través de las fronteras. A través de colaboraciones y actividades públicas, la FRL ha puesto de relieve los problemas estructurales que fuerzan la migración, demandando una transformación total de los sistemas que oprimen a las personas y promueven la división. En Nueva York, hemos trabajado en solidaridad transfronteriza con el Centro Laboral de UCLA, abordando las cuestiones que preocupan a los y las trabajadores migrantes de México a EE.UU. y Canadá. Recientemente, estuvimos presentes en Bogotá, Colombia en el evento «Alternativas al Narco y el Capitalismo», organizado por la Oficina Andina de la FRL, donde hablamos sobre la situación en la frontera sur de EE.UU. y cómo se conecta con la presencia de organizaciones criminales en la región. Dada la actual sobrerrepresentación de migrantes de Ecuador y Venezuela en la frontera el año pasado, tenemos previsto reforzar nuestra colaboración con la Oficina Andina en el próximo año para abordar conjuntamente las causas y consecuencias de la crisis migratoria en el continente. La FRL continuará trabajando a nivel mundial para crear conciencia acerca de las contribuciones fundamentales que las personas migrantes hacen a la sociedad, abogando por una política migratoria que priorice los derechos humanos sobre la criminalización y la explotación económica.
Para terminar, es vital comprender que la actual crisis migratoria no es una mera tragedia humanitaria, sino el resultado directo de las políticas xenófobas y neocoloniales que caracterizan la política exterior del Norte Global. La magnitud de la situación es tal que es necesario incrementar los esfuerzos de las organizaciones sociales y de ayuda mutua para hacer frente a las crecientes necesidades. Es vital que el Estado intervenga, restaure los bienes comunes, proteja los derechos laborales y garantice la igualdad de acceso a los servicios y recursos esenciales para todos. La única solución real será una transformación radical del sistema, que ponga los derechos humanos y la justicia social por encima del beneficio y el nacionalismo. Es necesaria una movilización popular, no sólo para exigir reformas migratorias, sino para construir un modelo de sociedad más equitativo y justo.
Mariana Fernández es coordinadora de proyectos en RLS-NYC y trabaja en áreas de paz y seguridad, desarme y la abolición nuclear.
Foto de Eugenio Felix: https://www.pexels.com/photo/us-mexico-border-27595074/
