Esta semana, Naciones Unidas celebra en Ginebra la 12.ª sesión de negociaciones del Tratado Vinculante, un futuro tratado sobre empresas y derechos humanos. Participan Estados, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de África, Asia y América Latina, junto con parlamentarios de la Red Interparlamentaria Global (GIN), incluidos eurodiputados del grupo The Left. Lo que está en juego es quién ejerce el poder y quién puede exigir justicia cuando ese poder causa daños.

Martin Günther lo resumió claramente: «Cuando el poder corporativo atraviesa fronteras, la responsabilidad debe seguirlo». Europa debe transformar sus compromisos en materia de derechos humanos en obligaciones jurídicas. Por su parte, Rudi Kennes hizo un llamado a la UE a «garantizar la primacía de los derechos humanos sobre los intereses económicos».

Pero ¿qué es exactamente el Tratado Vinculante? En términos sencillos, busca establecer normas internacionales jurídicamente vinculantes para garantizar que las corporaciones transnacionales rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos que causen o a las que contribuyan. Hoy, una empresa multinacional puede operar en varios países y esconder sus responsabilidades detrás de las fronteras, sus filiales y los vacíos legales. Esta es la arquitectura de la impunidad corporativa transnacional que el Tratado puede contribuir a desmantelar.

Durante décadas, los pueblos indígenas, las comunidades negras, los campesinos y los trabajadores han sufrido la contaminación, el desplazamiento y la destrucción de sus territorios, mientras las grandes corporaciones continúan acumulando ganancias y eludiendo la justicia. En plena transición energética, no podemos repetir el mismo modelo. El litio, el cobre, el níquel o el cobalto no deben convertirse en el nuevo carbón y petróleo si su extracción avanza sin el consentimiento libre, previo e informado, sin respetar las decisiones de las comunidades y sin responsabilidad ni justicia cuando se vulneran sus derechos. Cambiar la fuente de energía sin desmantelar la impunidad significaría mantener intacto el mismo sistema de injusticia.

Y hoy, esto no concierne únicamente a las comunidades del Sur Global; nos concierne a toda la sociedad, en cualquier parte del mundo. Las grandes corporaciones tecnológicas (Big Tech) concentran cada vez más poder sobre nuestros datos, nuestra privacidad y las infraestructuras de las que dependemos. Empresas como Palantir muestran cómo las tecnologías privadas están penetrando en la policía, el control de fronteras y otras instituciones públicas. Cuando algo sale mal, los Estados y las empresas pueden trasladarse mutuamente la responsabilidad hasta que esta termina desapareciendo.

Por eso, Günther subrayó: «Ninguna corporación, ya sea que extraiga recursos de nuestros territorios o datos de nuestras vidas, debería estar jamás fuera del alcance de los derechos humanos y de la ley». Kennes también lanzó una advertencia a la UE: «Dejen de escuchar las dulces mentiras que los lobbies empresariales les susurran al oído».

Para las fuerzas de izquierda, apoyar este Tratado significa cuestionar el poder de las grandes corporaciones y situar los derechos humanos por encima de sus intereses. La sociedad civil, los sindicatos, los movimientos sociales y las comunidades afectadas deberán ejercer presión sobre sus gobiernos para que firmen, ratifiquen y apliquen el Tratado.

El Tratado Vinculante representa una oportunidad histórica para poner fin a una época en la que las corporaciones atraviesan fronteras mientras la justicia se queda atrás; para transformar décadas de lucha en derechos jurídicamente vinculantes, impedir la creación de nuevas zonas de sacrificio y lograr que el poder corporativo rinda cuentas ante los pueblos cuyas vidas se ven afectadas por sus actividades.

Juan Pablo Gutierrez es miembro del pueblo indígena Yukpa de Colombia, cuyo territorio ancestral se ha visto afectado por las actividades extractivas de corporaciones transnacionales. Es asesor político del eurodiputado Martin Günther, responsable de las relaciones con los movimientos sociales del Sur Global.