Este artículo forma parte de nuestra serie dedicada al 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Consulte el resto de la serie aquí.
El equipo de Justicia Climática Internacional de RLS habló con José Daniel Rodríguez Orúe, Coordinador para América Latina de la Juventud Mundial por la Justicia Climática (WYCJ por sus siglas en inglés), sobre una decisión clave de la ONU sobre acción climática.
El 29 de marzo, la Asamblea General de la ONU (AGNU) aprobó una resolución en la que pide a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que emita un dictamen jurídico sobre la obligación de los Estados de promulgar medidas climáticas en consonancia con el Acuerdo de París. ¿Qué es lo que busca esta resolución?
La resolución pide a la CIJ que aclare las obligaciones jurídicas que deben cumplir los Estados para proteger a otros Estados, así como a las generaciones presentes y futuras, de los efectos adversos del cambio climático. Le pide a la CIJ que aclare las consecuencias de las acciones de los Estados, o de la falta de ellas, que provocan daños, especialmente en los Estados vulnerables al clima. La resolución pide además a la Corte que aclare las consecuencias jurídicas de tales daños con respecto a las personas y pueblos más afectados por el cambio climático.
Desde la perspectiva de la Juventud Mundial por la Justicia Climática, creemos que la opinión consultiva será un paso crucial para lograr la justicia climática y reforzar la gobernanza en las negociaciones mundiales sobre el clima. Aunque no sea jurídicamente vinculante, será una declaración legal crucial que ayudará a incorporar nociones de responsabilidad y derechos humanos en el marco climático internacional.
¿Podrías hablarnos un poco más de esta iniciativa? ¿Quién la promovió? ¿Cuál fue su motivación? ¿Cómo te implicaste personalmente?
En 2012, Palaos y las Islas Marshall intentaron solicitar el dictamen de la CIJ sobre la responsabilidad internacional de los Estados en relación con los daños causados por el cambio climático. Sin embargo, este intento fue bloqueado por varios países, entre ellos Estados Unidos, que limitaron los debates sobre la responsabilidad y la compensación por los daños causados por el cambio climático.
Esta iniciativa actual tiene su origen en los esfuerzos de un grupo de 27 estudiantes de Derecho de la Universidad del Pacífico Sur, en Vanuatu, que en 2019 desarrollaron un proyecto para examinar las vías legales existentes para situar los derechos humanos en el centro de la legislación y las políticas sobre cambio climático. El grupo presentó sus ideas al gobierno de Vanuatu, el cual encabezó entonces los esfuerzos diplomáticos para obtener apoyo regional y luego mundial para la resolución. Por su parte, les estudiantes se organizaron como les Estudiantes de las Islas del Pacífico en lucha contra el cambio climático (Pacific Island Students Fighting for Climate Change), y lideraron un inspirador movimiento de la sociedad civil que consiguió el apoyo de más de 1500 organizaciones. De este movimiento juvenil surgió la WYCJ, una organización juvenil mundial que lleva el tema del cambio climático a la máxima instancia judicial del mundo.
Para mi tesis de licenciatura, exploré las formas en que los Estados podrían ser considerados responsables de los daños causados por el cambio climático, incluso en los foros de derechos humanos. Mientras investigaba, descubrí que la WYCJ buscaba activistas de todo el mundo. Mi hermano pequeño acababa de nacer y yo buscaba formas de cambiar las cosas a través de la ley. Hasta entonces me había centrado principalmente en debates académicos que no me parecían tener un impacto tangible en la vida de la gente de Costa Rica. Motivado por la visión orientada a la acción de WYCJ, les presenté mi solicitud y posteriormente me sumé a la organización y trabajé en el Grupo de Trabajo Académico de WYCJ durante un año. Durante los últimos nueve meses, he estado coordinando el frente regional para América Latina de WYCJ, trabajando con los Estados y las organizaciones juveniles de la región con el objetivo de facilitar su participación en los procedimientos de la CIJ.
Colaborar con las partes para que se conviertan en signatarias de una resolución suele requerir un proceso de negociación y compromiso. ¿Cuáles son las partes de la resolución que más te satisfacen?
Hay que elogiar los esfuerzos estratégicos del gobierno de Vanuatu y del grupo central encargado de redactar la resolución, ya que mantuvieron muchas discusiones internas previendo posibles reacciones adversas. Consiguieron elaborar un texto que fue aceptado por la mayoría simple de Estados necesaria sin comprometer los principales motores de la iniciativa. Por primera vez en la historia, una solicitud de opinión consultiva se adoptó por consenso, porque las cuestiones polémicas que habrían exigido una votación se tuvieron en cuenta desde el inicio y se abordaron en las negociaciones informales previas al proyecto de resolución.
En WYCJ estamos muy felices con las referencias directas a las generaciones presentes y futuras, así como a los daños causados a las personas y pueblos más vulnerables a la crisis climática como violaciones de los derechos humanos. También estamos muy felices de ver que se ha incluido un pedido a la CIJ para que interprete tratados de derechos humanos relevantes en el contexto del cambio climático, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
¿Qué te gustaría ver en el dictamen jurídico de la CIJ? ¿Cómo podría ser más eficaz a la hora de exigir responsabilidades a quienes contaminan?
La WYCJ aboga firmemente por la claridad jurídica sobre la noción de equidad intergeneracional y las obligaciones en materia de derechos humanos que tienen los Estados ante la emergencia climática. Aunque el principio de equidad intergeneracional ya está reconocido en el Acuerdo de París y en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), hay poca claridad jurídica sobre las consecuencias específicas que este principio tiene en las obligaciones relacionadas con el cambio climático. Lo mismo ocurre con las obligaciones específicas en materia de derechos humanos que los Estados deben cumplir en relación con el cambio climático.
El corpus de derecho internacional aplicable actualmente al cambio climático está fragmentado, lo que se traduce en una falta de claridad jurídica tanto para los Estados como para la ciudadanía. Creemos que una opinión consultiva de la CIJ proporcionará dicha claridad jurídica, y armonizará las diferentes obligaciones de los Estados para revertir el peligroso cambio climático antropogénico no sólo en virtud de los tratados especializados sobre el clima, sino también en virtud de los principios generales del derecho internacional y las normas de derechos humanos.
En concreto, esperamos que la CIJ aporte claridad jurídica sobre las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos en relación con el cambio climático. A su vez, esto empoderará a la sociedad civil para exigir una mayor ambición climática a sus Estados. La opinión consultiva también proporcionará orientación jurídica autorizada a los tribunales regionales y nacionales que se enfrentan a litigios climáticos tanto contra Estados como contra entidades privadas. Además, la opinión de la CIJ podría contribuir a los procesos dentro de las negociaciones de la ONU sobre el cambio climático, integrando los derechos humanos y la justicia climática en su núcleo.
En total, más de cien partes fueron copatrocinadoras, una cantidad impresionante que incluye grandes bloques como la UE. Sin embargo, hay algunas omisiones notables, entre las que destacan las de Estados Unidos, China, India y algunos de los principales países productores de petróleo. ¿Qué opinas de este hecho en relación con el apoyo a la resolución?
La resolución estuvo abierta al copatrocinio desde su publicación el 1 de marzo hasta su adopción el 29 de marzo. En este sentido, todas las delegaciones de la ONU tuvieron la oportunidad de copatrocinar la resolución. Cabe destacar que, aunque algunos Estados no apoyaron la iniciativa, tampoco hicieron campaña en su contra. Con que sólo un Estado pida que la aprobación de una resolución se haga a través del voto, entonces es necesario celebrar una votación. Ningún Estado lo solicitó, y creo que esto envía un claro mensaje político de que ninguno de estos países quería ser visto como trabajando activamente en contra de la justicia climática frente a la comunidad internacional.
El cambio climático afecta especialmente a los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades marginadas. ¿Puedes decirnos algo sobre la posible relevancia de esta decisión para las luchas de esas comunidades?
En efecto, las comunidades indígenas se ven desproporcionadamente afectadas por los efectos del cambio climático. Los pueblos indígenas tienen una conexión espiritual con sus territorios y con la propia naturaleza. Cuando esos territorios se degradan o contaminan, o son desplazados a la fuerza debido al cambio climático, pierden parte de su identidad cultural. Este impacto es también intergeneracional, ya que las futuras generaciones de pueblos indígenas no podrán conectar con la integridad de sus territorios de la misma manera que lo hicieron sus antepasados.
Sin embargo, nunca debemos pensar en aquellas personas y grupos más vulnerables al cambio climático como sujetos pasivos de protección, sino como importantes agentes de cambio. Los pueblos indígenas son los guardianes de la mayor parte de la biodiversidad mundial, y tenemos mucho que aprender de ellos para encontrar un modelo de sociedad compatible con la naturaleza. En este sentido, creemos que la opinión consultiva constituirá una herramienta importante para que las comunidades indígenas defiendan sus derechos y territorios frente al cambio climático.
Por ejemplo, esperamos que la CIJ deje claro que, según el derecho internacional de los derechos humanos, los pueblos indígenas tienen derecho a la participación pública y a la consulta previa sobre proyectos y políticas que les afecten. Esto es especialmente relevante cuando se trata del cambio climático, ya que algunas medidas podrían ser contraproducentes y, de hecho, crear más situaciones injustas (por ejemplo, la inversión en energía hidroeléctrica dentro de un territorio indígena).
El cambio climático se entiende cada vez más como una cuestión de derechos humanos. El año pasado se estableció el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. ¿Crees que esto ha influido en el éxito de esta resolución y cómo podría contribuir a garantizar que se respetan esos derechos?
El cambio climático es una de las amenazas más acuciantes para el disfrute de los derechos humanos en todo el mundo. Esto se debe a que el cambio climático amplía las desigualdades existentes dentro de los Estados y, por tanto, quienes ya sufren marginación a causa del actual modelo económico se llevarán la peor parte. Además, debido a las repercusiones que el cambio climático tiene sobre la disponibilidad de agua, contribuirá significativamente a la exacerbación de la sequía y al aumento de los conflictos por escasez de recursos.
La comunidad internacional ha ido abordando esta cuestión de forma lenta pero constante a través de diversas resoluciones y tratados que abogan por la protección del medio ambiente. La resolución de la AGNU sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible fue un paso muy importante, porque reconoció la necesidad de que los Estados adopten medidas concretas para garantizar el respeto de estos derechos (por ejemplo, tomando medidas de mitigación y adaptación para luchar contra el cambio climático). La iniciativa fue liderada por Costa Rica, que también formó parte del grupo central que respaldó la resolución de la opinión consultiva.
La CIJ podría dejar clara la relación entre el cambio climático y los derechos humanos desde un punto de vista jurídico, estableciendo las correspondientes obligaciones de los Estados para proteger los derechos humanos en el contexto del cambio climático. Esto incluye tener en cuenta las normas existentes sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y aplicarlas al cambio climático (como el principio de desarrollo progresivo de los derechos DESC).
Los movimientos juveniles, en particular, han recurrido a los procesos judiciales, presentando demandas y resoluciones. Un caso destacado sería el del Tribunal Constitucional de Alemania que se puso del lado de la juventud activista en 2019, obligando al gobierno a mejorar sus objetivos de acción climática en aras de la equidad intergeneracional. ¿Qué crees que ha provocado esta tendencia y cómo ve el desarrollo de este movimiento?
La juventud de todo el mundo reclama medidas más audaces y eficaces para luchar contra el cambio climático, pero el régimen jurídico vigente no ha establecido las obligaciones necesarias para garantizar que los objetivos climáticos de los países sean lo suficientemente ambiciosos o, incluso, que se cumplan. El caso alemán fue muy importante porque aclaró el alcance nacional y de contenido de la equidad intergeneracional, y esto llevó a un aumento sustancial de los compromisos climáticos del gobierno alemán. Pero se puede ver cómo este litigio trasciende a mecanismos regionales e internacionales, como algunos de los casos pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
La campaña de la opinión consultiva de la CIJ también forma parte de esta creciente marea de movimientos de jóvenes que sienten que sus Estados no están haciendo lo suficiente para revertir el cambio climático, y confían en el sistema judicial para hacer frente a esto. Como movimiento juvenil mundial, hemos publicado el Manual de Justicia Climática para Jóvenes con el fin de influir en las posiciones de los Estados ante la CIJ. Este documento ofrece los argumentos jurídicos más progresistas sobre justicia climática y derechos humanos.
Nosotres, les jóvenes del mundo, queremos tener un futuro y garantizarlo a las generaciones venideras. Esta es la razón por la que los que estamos en el ámbito jurídico buscamos todas las vías legales disponibles para corregir la ineficacia de la legislación sobre el cambio climático. Creemos que la aplicación de la opinión consultiva influirá y servirá de orientación a los casos actuales y futuros presentados por jóvenes ante los tribunales nacionales e internacionales.
José Daniel es un joven abogado costarricense con formación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ha realizado investigaciones jurídicas sobre las normas internacionales aplicables a las violaciones de derechos humanos derivadas del cambio climático. Es licenciado en Derecho con especialización en Derecho Ambiental por la Universidad de Costa Rica y trabajó durante cinco años como asistente jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es Coordinador para América Latina de la Juventud Mundial por la Justicia Climática (WYCJ) y consultor independiente de derechos humanos.
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